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En el ámbito internacional se han establecido una serie de estándares construidos, en gran parte, por prácticas basadas en legislaciones internas, que han tomado en consideración tres áreas de regulación de los lobbies: la transparencia, la integridad y la participación, buscando un consenso y respetando las diferencias entre los Estados. El derecho a expresar las preocupaciones e intereses, y en consecuencia influir en las políticas púbicas, es fundamental para un Sistema democrático y republicano. Es este un derecho que no solo le corresponde a los ciudadanos, sino a los grupos que representan intereses colectivos. Las empresas, los sindicatos y los grupos de intereses tienen derecho a ejercer sus derechos de petición y de realizar lobby en aras de sus propios intereses o de aquellos más amplios dentro un marco económico social o ambiental. No obstante, esto acarrea sus peligros, siendo uno de ellos la crisis de legitimidad que se provoca. Lo que un tiempo fue una conducta de individuos apasionados se ha convertido en una industria gigantesca con recursos que pueden competir con los políticos o los funcionarios públicos.