Con la actual crisis de legitimidad del poder político, han surgido preguntas relevantes sobre la ética en la política y, en consecuencia, sobre la eficacia de la lealtad partidaria. El excesivo número de migraciones entre partidos, no pocas veces sin la presencia de causa justa prevista en la Resolución 22.610/2007 del TSE, implica la subversión de la voluntad popular demostrada en las urnas. El principio constitucional de lealtad partidaria actúa para proteger la soberanía del pueblo, sobre todo para que el interés público de la democracia participativa prevalezca sobre los intereses privados de los cargos políticos.
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