La alta mar, a pesar de ser un bien común de la humanidad, no ha sido hasta ahora objeto de una consideración coherente por parte de ésta, sino que se ve más bien como una nueva reserva de recursos al servicio de los intereses económicos de los Estados y las empresas. Además, es víctima de la crisis de la cooperación internacional. Los Estados son más sensibles a sus intereses y prioridades nacionales que al interés general de la humanidad, del que la alta mar es una parte innegable. El derecho internacional del medio ambiente en este ámbito ha demostrado una vez más su impotencia. Su principal debilidad es estructural y reside en su carácter fragmentario. Otro punto débil evidente es su contenido, ya que es normativamente deficiente. Esto da lugar a una gobernanza inadecuada. A pesar de ello, existen perspectivas alentadoras para la adopción de un nuevo instrumento internacional jurídicamente vinculante que colme las lagunas, desfragmente el marco jurídico y permita una gobernanza más protectora, integrada y moderna de la alta mar.
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