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A mediados de siglo XX, en Argentina comienzan a diseñarse políticas de protección de los bienes culturales. La Reforma Constitucional de 1994, al incluir el patrimonio cultural en el artículo 41, ha generado algunas tensiones entre dos posturas científico-jurídicas: una promovida por profesionales de las ciencias sociales y de la arquitectura que considera que el Patrimonio Cultural debe tener su campo propio y la otra marcada por el peso de las convenciones internacionales, que plantea que dada la amplitud protectora de las normas ambientales éstas deberían utilizarse para ampliar la protección legal mínima del Patrimonio Cultural. En el libro dicha tensión se aborda a partir de un caso de paisaje urbano. En la Patagonia, la empresa petrolera estatal Y.P.F. decidió, en 1937, construir un parque de estilo francés, declarado, en el año 2008, como Patrimonio Histórico, Cultural y Natural de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Su entrega en comodato a un ente privado ha movilizado a diversas instituciones por el impacto ambiental de las obras y desmontes que están realizando.