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La Constitución congoleña de 2006 instituyó la descentralización política como nueva forma de Estado congoleño, caracterizada por la separación de poderes que, sin embargo, no excluye el diálogo y la concertación entre los dos niveles del Estado. Desgraciadamente, la concentración de poder como forma de gestión del régimen anterior llevará a los responsables políticos a dejarse llevar por la inconstitucionalidad.Además, la revisión constitucional del 20 de enero de 2011 representa un alejamiento precipitado del espíritu de la descentralización y la consiguiente destrucción de la relación entre el Gobierno central y las provincias. Las prácticas inconstitucionales de centralización de la gobernanza del Estado se han multiplicado y han puesto de manifiesto el desafío político que supone la aplicación de la Constitución de 18 de febrero de 2006.Esta tendencia se confirmó con la adopción de la ley sobre la libre administración de las provincias y, sobre todo, con la revisión constitucional de 20 de enero de 2011. En particular, legaliza y constitucionaliza el control político directo del Gobierno central sobre las provincias.