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La rendición de cuentas del personal de las Naciones Unidas en operaciones de mantenimiento de la paz es una cuestión de actualidad, habida cuenta de las numerosas violaciones de los derechos humanos y otros actos censurables perpetrados por el personal de mantenimiento de la paz contra la población civil, como actos de explotación y abusos sexuales, prostitución organizada, asesinatos, desapariciones de personas, tráfico de armas, etc. Se han tomado varias medidas, además del régimen jurídico ya existente, para prevenir estos delitos, que empañan la imagen y la reputación de la ONU, y para garantizar que los autores sean castigados. Sin embargo, es difícil hacer cumplir la responsabilidad del personal de la ONU porque el régimen jurídico vigente se ve obstaculizado por las inmunidades de jurisdicción de que goza este personal, y por los acuerdos entre la ONU y los Estados anfitriones, y los que existen con los Estados que aportan contingentes. Esta es la causa de las infracciones que persisten en las operaciones de mantenimiento de la paz y de la ineficacia de la lucha contra la impunidad. El régimen jurídico que rige esta responsabilidad puede mejorarse y es necesario encontrar soluciones.