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La aplicación de la teoría del Precio de Gobierno va más allá de la mejora de la justicia fiscal, al igual que la adhesión al concepto de justicia puede ser interpretada por los tribunales de distrito. Al igual que el deber de los tribunales de apelación y del Tribunal Supremo es interpretar los estatutos jurídicos de acuerdo con las filosofías judiciales de los jueces y magistrados, las decisiones fiscales deben tomarse de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Del mismo modo que los médicos y los jueces dedican tiempo a investigar sobre los paradigmas de la vida para ofrecer soluciones médicas y decisiones jurídicas a todos los desafíos que se les plantean, los responsables de la toma de decisiones fiscales deberían dedicar tiempo a conocer lo que dice la Constitución en relación con la teoría del precio del gobierno.