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Las tolerancias caen en el ámbito de los hechos puros e ilegales. El derecho administrativo ha delimitado, mediante sucesivos trazos, los contornos de su régimen. Debidamente justificadas, estas tolerancias reciben la aprobación del juez y producen efectos jurídicos específicos. En este régimen, los conceptos y principios más clásicos del derecho administrativo general ofrecen un útil punto de apoyo e inscriben definitivamente la práctica de las tolerancias en la teoría general del derecho administrativo. El estudio de las tolerancias administrativas, si no quita todas las incertidumbres, muestra que la legalidad no es una camisa de fuerza, una lógica puramente mecánica que, aplicada indiscriminadamente, rayaría en el absurdo. En definitiva, la ley y el control de su respeto por parte del juez administrativo responden a principios o fines superiores que los preexisten y los trascienden. Si la satisfacción de estos principios conduce más a la tolerancia que a la estricta observancia de la ley, hay que admitir que el derecho administrativo, el derecho jurisprudencial, no puede ignorarlo.