En este trabajo, el autor presenta un estudio a partir de la situación actual que vive el mundo en cuanto a las consecuencias negativas que acarrea el fenómeno de la corrupción en el sector administrativo. En particular, da cuenta de los efectos que se producen en los Estados, y más precisamente en la Administración Pública. Cuestiona la calidad normativa de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno y busca encontrar elementos para decantarse por una posición u otra, respecto de su efectividad en el marco de la lucha contra la corrupción. Con el objeto de medir las posibles deficiencias del sistema, lleva a cabo una microcomparación en base al análisis de la normativa existente tanto en Chile como en España, con la que deja en evidencia los puntos negativos y positivos de cada una de ambas normas. Para el desarrollo de lo anterior, el autor se dedica al estudio particular de la ley estatal española a través del análisis de sus bases constitucionales y conceptos, para luego adentrarse en el particular tema del conflicto de derechos al que se enfrenta este nuevo movimiento en búsqueda de la apertura de la Administración.
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