La legislación ruandesa aún no dispone de un texto legal que regule la cuestión del cálculo preciso de los daños y perjuicios que se conceden diariamente a los demandantes en los litigios en los que están implicadas dichas indemnizaciones. De hecho, aparte de algunos campos específicos, como los asuntos de la tierra, la familia, el tráfico rodado y el trabajo, en los que hay tasas o porcentajes establecidos a los que el juez debe referirse para calcular los daños requeridos, muchas otras áreas se someten a la apreciación soberana del tribunal; hecho que pone a las partes en una inseguridad jurídica obligada a estar a merced del juez que decide según su buena o mala voluntad y la oportunidad de todas las inclinaciones de la corrupción con la consecuencia de multiplicar las apelaciones para obtener al azar más daños en términos de cantidades, ya que no hay parámetros legales. Este silencio de la ley sigue siendo perjudicial para las partes e incluso para los jueces cuya decisión discrecional debe ser acusada de arbitraria o motivada por el soborno; y hay una necesidad de una ley general que establezca los criterios para determinar los daños. El objetivo del estudio es la evaluación de la determinación judicial de los daños y perjuicios en los tribunales ruandeses, a través de un análisis profundo de esta cuestión jurídica en los tres capítulos.
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