La abolición de la pena es una negación del derecho a la vida y plantea importantes cuestiones de derechos humanos. Ningún sistema judicial es perfecto. En la práctica, la decisión de condenar a muerte suele ser arbitraria, y los más desfavorecidos suelen ser los pobres y los débiles. La nota circular del gobierno congoleño de 13 de marzo de 2024 por la que se levanta la moratoria sobre la ejecución de la pena de muerte en la RDC representa un retroceso para el país, que ignora todos los logros y avances conseguidos por el país en materia de derechos humanos, y viola los tratados internacionales ratificados por la RDC, a saber, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966. Además, un número alarmante de hechos probados indican que incluso los sistemas judiciales más avanzados han condenado a muerte a hombres y mujeres que posteriormente fueron declarados inocentes. Cuando un error judicial conduce a la muerte de alguien, el Estado se convierte en asesino.
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