Desde 1977 hasta ahora, la justicia penal ruandesa condena cualquier acto de desacato perpetrado en el transcurso de una audiencia en un juzgado o tribunal contra el tribunal o sus funcionarios hasta el punto de que el desacatador puede ser encarcelado y multado.Desde entonces y hasta ahora, ha sido y es conveniente detener y sancionar cualquier práctica o comportamiento desobediente que pueda entorpecer el buen funcionamiento de las actividades del tribunal, ya que debe existir un orden absoluto dentro del tribunal y sus actividades regulares.Sin embargo, existen posibles retos que deben abordarse en relación con la naturaleza jurídica de las normas empleadas para medir la imparcialidad de un juicio, especialmente cuando se juzgan delitos de desacato. Lo que está en juego es el enfoque con el que se resuelve la condena de los actos que constituyen delitos de desacato. Algunos derechos humanos internacionales y nacionales del acusado se vieron y se ven comprometidos a pesar de que son las normas legales clave que deberían utilizarse para garantizar que el juicio penal sea justo.
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