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Los criterios de oportunidad son mecanismos de carácter procesal, aplicados por el representante social en sede ministerial generalmente, y en ocasiones en sede judicial, por medio de los cuales el MINISTERIO PÚBLICO puede no ejercer la acción penal o abstenerse a continuar con la investigación, en aquellos delitos que encuadren en los supuestos y condiciones que fija la ley procesal en materia penal. No obstante, con la introducción de esta nueva figura del derecho se abren puertas automáticas para la solución de controversias penales anticipadamente sin que se llegue al juicio oral. También es cierto que, apegados a los mandatos constitucionales y convencionales en el marco aplicativo de los derechos humanos, se deben garantizar primeramente que todo, tanto los principios rectores del Sistema Penal Acusatorio como los derechos procesales de carácter constitucional, que tienen tanto la víctima u ofendido como los imputados: sujetos protagonistas durante el desarrollo del procedimiento penal.