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La parte nororiental de la India está declarada "perturbada" desde hace mucho tiempo. Su situación en materia de derechos humanos tiene sus raíces en su composición étnica y lingüística y en la historia de su relación administrativa con el gobierno central de India. La Ley de Poderes Especiales de las Fuerzas Armadas (AFSPA) de 1958 se aplicó para controlar a los insurgentes y mantener la paz y la seguridad en la región. Pero, sorprendentemente, tras su despliegue la situación empeoró aún más. El ejército viola los derechos humanos de los habitantes mediante torturas, detenciones y registros de sus casas con la excusa de la sospecha. Acosan a las mujeres que ayudan a los militantes dándoles cobijo. Se han denunciado miles de casos de violaciones y abusos sexuales contra el ejército. Pero debido a la falta de una investigación adecuada, las víctimas no obtienen justicia. Varias veces la sociedad civil alza la voz para derogar la draconiana ley. El gobierno central a veces también piensa en retirarla, pero en la práctica no hace nada. Organizaciones internacionales como Naciones Unidas o Amnistía Internacional hacen algunas recomendaciones, pero la población del noreste sigue sin poder disfrutar de sus derechos humanos básicos.