La República Democrática del Congo se encuentra actualmente en la cuarta generación de su legislación minera. Mucho antes de la reforma de 2018, el código minero de 2002 pretendía ser más atractivo y competitivo que sus predecesores. Lamentablemente, el Gobierno no ha podido recaudar los ingresos que esperaba para financiar proyectos de desarrollo comunitario, que permitirían a las comunidades locales acceder a los recursos básicos. Así, a través de la reforma de 2018, el legislador instituye un régimen que se considera progresista por su alineación con las mejores prácticas internacionales y regionales, en particular en lo que respecta a la protección de los derechos humanos, la promoción del desarrollo comunitario y el fortalecimiento de las normas de transparencia en el sector minero. A este respecto, está dotada de una serie de medidas innovadoras. Sirve de herramienta de referencia para autoridades, empresas mineras, inversores y comunidades locales para garantizar una minería responsable y sostenible.
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