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El alcance de este trabajo monográfico es analizar la legitimidad constitucional del Ministerio Público en la realización de investigaciones penales, es decir, abordar si la Constitución de 1988 otorga a este órgano la facultad de llevar a cabo procedimientos de investigación en colaboración con la Policía Judicial. El debate es polémico, generando numerosas discusiones tanto en la comunidad jurídica como en el ámbito social y político, dado que la controversia se basa en la falta de disposición legal y constitucional para ejercer dicha atribución y en el argumento del monopolio de la Policía Judicial. Frente a este escenario "cálido", se pretende abordar un enfrentamiento de posiciones doctrinales y jurisprudenciales sobre esta cuestión.