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El derecho a la protección judicial de un ciudadano en caso de violación de sus derechos y libertades por parte de las autoridades es una de las garantías jurídicas más importantes en una sociedad democrática legal. La tarea del instituto de protección de los derechos de las personas en los procedimientos de ejecución es restablecer los derechos subjetivos violados en el marco de la ejecución forzosa de los actos de los órganos judiciales y otros órganos autorizados, así como los intereses legalmente protegidos de los ciudadanos y organizaciones en este ámbito.Las cuestiones más apremiantes de la protección de los derechos de las personas en el procedimiento de ejecución son: la protección judicial contra las acciones ilegales (inacción) del agente judicial; la protección de los derechos de las personas que no son partes en el procedimiento de ejecución, pero que son propietarios (poseedores) de los bienes ejecutados por el procedimiento de ejecución y la protección de los derechos de las personas cuyos derechos deben restablecerse en relación con la anulación de un acto judicial en su totalidad o en parte (anulación de la ejecución).
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