Mediante la Ley Uniforme sobre procedimientos colectivos de liquidación de responsabilidades, aprobada en 2015, el legislador comunitario de la OHADA ha puesto en marcha un proceso destinado a impedir el cese de actividades de las empresas en dificultades. Este procedimiento preventivo puede considerarse como un procedimiento de rescate que permite intervenir lo antes posible antes de que la empresa se encuentre en una situación económica y financiera irremediablemente comprometida, con miras a corregir su situación antes de que sea demasiado tarde. Con este fin, la misión del experto en arreglo preventivo se ha reforzado considerablemente, ya que éste desempeña un papel crucial en la conclusión satisfactoria de este procedimiento de rescate colectivo para preservar la desaparición de las empresas deudoras tanto en la zona de la OHADA en general como en la República Democrática del Congo en particular.
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