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En el ámbito del derecho constitucional y legal mexicano no está prevista la figura de la Responsabilidad Patrimonial del Estado en el Funcionamiento de la Administración de Justicia por los daños causados por los órganos encargados de impartirla, quienes al interpretar las normas jurídicas para dirimir las controversias planteadas por los particulares pueden llegar a causar daños como el error judicial o el funcionamiento anormal de dicha administración, y ante el vacío legal para promover una acción indemnizatoria sea hace necesaria y patente la plena adecuación mediante una reforma al marco jurídico constitucional que regule la Responsabilidad Patrimonial del Estado para garantizar la indemnización patrimonial derivada por error judicial, en la que se garantice el pleno respeto a los derechos humanos, por ello es necesario la debida aplicación del paradigma constitucional y convencional para consagrar la indemnización por error judicial en México.