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En Francia, los jueces son considerados funcionarios públicos que ejercen uno de los poderes soberanos del Estado y, en consecuencia, sólo los ciudadanos franceses pueden acceder a la judicatura. La independencia del poder judicial francés goza de una protección estatutaria especial frente al poder ejecutivo. Los procedimientos de nombramiento, promoción y destitución de jueces varían según se trate de la corriente judicial, administrativa o de tribunales de auditoría. Los nombramientos judiciales deben ser aprobados por un panel especial, el Consejo Superior de la Magistratura, compuesto por otros jueces del tribunal receptor. Una vez nombrados, los jueces son vitalicios y no pueden ser destituidos sin un procedimiento disciplinario específico llevado a cabo ante el Consejo con las debidas garantías procesales.
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