La judicialización de la salud es la construcción de un derecho de la sociedad, pero debe ser justa y consciente, ya que no se impedirá a los demandantes alegar judicialmente lo que creen que es correcto, ni se agotará la vía procesal como herramienta para lograr el derecho deseado. El vacío y la omisión de los poderes legislativo y ejecutivo en relación con la salud, obligan al poder judicial a posicionarse sobre el tema y decidir sobre las medidas sanitarias. La propuesta de este trabajo es la creación de un sistema de control y supervisión de los insumos otorgados por vía judicial. En esta investigación se aplicó la metodología exploratoria, que dio lugar a la creación de protocolos que, en conjunto, forman el SICOFINJUD.
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