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Guatemala como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, tiene el deber de cumplir con las sanciones que le son impuestas en las sentencias en las que resulte condenado, y el deber de informar sobre dicho cumplimiento, lo cual se ha venido realizando, sin tener un proceso de ejecución definido, es por ello que surge la necesidad de que se adopte un sistema que permita la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. Las sentencias…mehr

Produktbeschreibung
Guatemala como Estado parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ha reconocido la jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y, por lo tanto, tiene el deber de cumplir con las sanciones que le son impuestas en las sentencias en las que resulte condenado, y el deber de informar sobre dicho cumplimiento, lo cual se ha venido realizando, sin tener un proceso de ejecución definido, es por ello que surge la necesidad de que se adopte un sistema que permita la ejecución de sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Guatemala. Las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos han sido cumplidas en algunos aspectos resarcimientos-, y falta su cumplimiento en otros -juzgamiento-, pero en todos los casos lo ha hecho sin que exista un marco legal específico ni un procedimiento establecido, por lo que se analizan los distintos procedimientos utilizados en los Estados parte de la Convención Americana de DerechosHumanos y, en España como modelo europeo, para la ejecución de las sentencias internacionales en materia de derechos humanos, y se propone un sistema para que se adopte en Guatemala.
Autorenporträt
Abogada y Notaria, Magíster en Derechos Humanos, por la Universidad Rafael Landívar. Letrada Coordinadora de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Asesora y revisora de tesis y miembro de ternas examinadoras de privado en las áreas de Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Administrativo, Tributario e Internacional Público.