La ética de la salud pública suscita actualmente un renovado interés, debido en gran parte a los retos planteados por los recientes brotes de enfermedades infecciosas. A lo largo de la última década, y quizás más concretamente desde el desarrollo de tratamientos contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH)/síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) y a raíz de la crisis del síndrome respiratorio agudo severo (SRAS), los profesionales de la salud, académicos y responsables políticos se han visto cada vez más confrontados a las dimensiones morales de la protección y promoción de la salud de las poblaciones. Los objetivos generales de la salud pública son claramente distintos de los de la medicina clínica, por la prioridad que otorga a la prevención y a la comunidad. Esta priorización puede conducir a una intervención activa de los poderes públicos, que a veces implica pesadas cargas o restricciones de los derechos individuales y colectivos. Así pues, la ética de la salud pública está más orientada hacia la comunidad que la ética médica, y afecta más específicamente a la vida cotidiana de los ciudadanos (Mattéi, J.F., 2013).
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