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La conservación de recursos hídricos en México se ha convertido en tema prioritario dentro de las agendas gubernamentales; particularmente en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, donde convergen al menos tres administraciones, se formulan planes y proyectos de inversión encaminados a frenar el deterioro de las fuentes de abastecimiento y promover el consumo racional del agua. Sin embargo, la problemática que se enfrenta es muy compleja pues involucra factores físicos -naturales y urbanos-, históricos, políticos, económicos y sociales. En respuesta a este reto, el Gobierno del Distrito Federal modificó la Norma 26 que incentiva la producción de vivienda social; la esencia de este cambio es la intención de vincular objetivos medioambientales con proyectos sociales. El presente trabajo analiza la influencia que ejerce esta normatividad en la transformación del quehacer arquitectónico y urbanístico, con el fin de evidenciar la necesidad de implementar nuevos modelos de gestión capaces de adaptarse a los retos emergentes.