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El estudio examina la situación de las comunidades locales que son víctimas de desalojos forzosos por proyectos de desarrollo a gran escala, incluidos los proyectos mineros. Considera que estas personas, al ser abandonadas por el Estado que tiene la obligación primordial de protegerlas, no reciben apenas apoyo ni facilidades de la comunidad internacional, en particular de las Naciones Unidas y sus organismos, a pesar de que, según el derecho internacional, tienen el mismo estatus de desplazados internos que los desplazados por conflictos o desastres naturales. Este estudio subraya el hecho de que todos los instrumentos están ahí para garantizar que esta categoría de personas se beneficie del apoyo internacional cuando el Estado no ha podido cumplir su obligación de proteger de acuerdo con los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y los Principios Rectores sobre los Desplazados Internos.