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El objetivo de la presente investigación es entrar a analizar el concepto jurídico de la Vivienda Protegida en el marco normativo español desde su aparición tras la Guerra Civil y hasta el momento presente con el desarrollo del Estado de la Autonomías, donde se parte de un retraso histórico muy importante, ante la necesidad social a cubrir tras un conflicto bélico y con una importante destrucción del tejido residencial, lo cual significó afrontar el tema desde una perspectiva del acceso a la propiedad de unos bienes que están sujetos a unos condicionantes jurídicos objetivos que garantizan sus condiciones materiales y económicas. Este planteamiento significó afrontar dicha cuestión por parte de los poderes públicos, de forma tardía en relación a otros países europeos, así como en una dirección que sustancia la gestión de ese tipo de bienes hacia la iniciativa privada, con una fuerte intervención legislativa y supervisora por parte de la administración publica, que dista notablemente del impulso público que caracteriza al resto de países europeos.