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La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional -así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se…mehr

Produktbeschreibung
La implementación del Acuerdo de Paz entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Gobierno nacional -así como el inicio de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN)- es un hecho fundamental en la historia política y económica del país. Esta coyuntura exige una reflexión sobre los caminos que se despejan con el acuerdo para el fin del conflicto, y los retos de los municipios productores de coca en el mediano y largo plazo para lograr una paz estable y duradera. Colombia está en un tiempo de definiciones fundamentales. El posacuerdo es un momento en el que se sientan las bases de las trayectorias locales futuras. Allí, las viejas disputas y los debates en torno a la reforma agraria, el sistema democrático y el modelo de desarrollo son retomados en el contexto de una posible apertura democrática, en la que coexisten élites tradicionales y emergentes, las visiones plurales del movimiento social y organizaciones armadas ilegales que obstaculizarán los esfuerzos de paz para asegurar el control de las economías del narcotráfico y la minería. Este documento tiene como objetivo analizar los desafíos que enfrentan los municipios productores de coca en dos aspectos cruciales para su futuro: la construcción de Estado local y la definición de una senda de desarrollo humano, integral y participativo. Estos dos aspectos pueden reforzarse entre sí, pero si se abordan desconociendo su dependencia mutua pueden terminar frustrándose. La creación de capacidad institucional y el desarrollo son procesos que emergen en una relación de interdependencia mutua entre el Estado y la sociedad, en la que el fortalecimiento de una ciudadanía activa y una economía próspera e incluyente es tan importante como el de instituciones más eficaces y democráticas. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.

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Autorenporträt
Sergio Chaparro Hernández Economista y filósofo con maestría en derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como profesor de economía laboral, consultor en el Centro de Memoria Histórica, la Escuela Nacional Sindical y la Defensoría del Pueblo. Su experiencia investigativa se ha concentrado en temas de trabajo decente, justicia transicional, desarrollo rural y construcción de indicadores con enfoque de derechos humanos. En Dejusticia fue investigador principal en las líneas de política de drogas y derechos sociales, y asesor en temas de tierras. Particularmente, se interesó por el estudio de los impactos desproporcionados de las políticas de drogas en las mujeres, las consecuencias del incremento de penas sobre el sistema penitenciario y la criminalización de usuarios de drogas. Fue miembro del Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD), y estuvo a cargo de la redacción del informe sobre "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia". Luis Felipe Cruz Olivera Abogado y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia investigativa se enfoca en la historia y el desarrollo del conflicto armado en Colombia y su relación con el narcotráfico. Investigador de la línea de política de drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia, donde ha estudiado los impactos negativos en los derechos humanos de la actual política de drogas, particularmente las afectaciones desproporcionadas que tiene el encarcelamiento sobre las mujeres. Colaboró en la redacción del informe sobre "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia", que hace parte del trabajo con el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD).