4,99 €
4,99 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
payback
0 °P sammeln
4,99 €
4,99 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
payback
0 °P sammeln
Als Download kaufen
4,99 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar
payback
0 °P sammeln
Jetzt verschenken
4,99 €
inkl. MwSt.
Sofort per Download lieferbar

Alle Infos zum eBook verschenken
payback
0 °P sammeln
  • Format: PDF

El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia", realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o…mehr

Produktbeschreibung
El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación "Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia", realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.

Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

Autorenporträt
Rodrigo Uprimny Yepes Abogado, doctor en Economía Política de la Universidad de Amiens Picardie, con un DSU (magíster) en Sociología Jurídica de la Universidad de París II y un DEA (magíster) en Socioeconomía del desarrollo de la Universidad de París I (IEDES). Actualmente se desempeña como director del área de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), y como profesor de Derecho Constitucional, Derechos Humanos y Teoría del Estado en la Universidad Nacional de Bogotá. Autor de múltiples artículos sobre derechos humanos, narcotráfico y administración de justicia, entre ellos: "El laboratorio colombiano: narcotráfico y administración de justicia en Colombia" y "Drogas, derecho y democracia". Sergio Chaparro Hernández Economista y filósofo, con maestría en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado como profesor de Economía laboral, consultor en el Centro de Memoria Histórica, la Escuela Nacional Sindical y la Defensoría del Pueblo. Su experiencia investigativa se ha concentrado en temas de trabajo decente, justicia transicional, desarrollo rural y construcción de indicadores con enfoque de derechos humanos. Es investigador principal en las áreas de Política de Drogas y Derechos Sociales, y en el apoyo cuantitativo a las demás áreas, en el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia). Luis Felipe Cruz Olivera Abogado graduado y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Su ámbito de investigación es la historia y el desarrollo del conflicto armado en Colombia y su relación con el narcotráfico. Asociado al área de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), donde se ha desempeñado como investigador de los costos en derechos humanos de las estrategias antinarcóticos.