¿Qué impide o promueve que un posible delito se judicialice en México? Aquí se aborda este problema actual y crítico de la procuración de justicia; cómo impactan los actores políticos o societales y los operadores en la capacidad de las fiscalías para la judicialización, es decir, en su eficiencia para conducir a los tribunales de primera instancia los posibles delitos. Este libro muestra cuál es el papel que, en este asunto central para la seguridad pública y los derechos humanos, juegan las relaciones de poder y las alianzas de grupos pro justicia o los pro impunidad. Con los casos de Nuevo León y Nayarit en su atención a homicidios y feminicidios, se ilustra por qué se producen altos niveles de judicialización delictiva o por qué se genera una crisis de seguridad y derechos humanos.
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