- "Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía", dijo el filósofo romano Seneca y es la célebre frase que retumba entre los venezolanos, indefensos con el sinsabor de un sistema judicial caracterizado por el retardo procesal y con el clamor de no perder la esperanza de la intervención de la Corte Penal Internacional (CPI). Especialistas denuncian que no se respetan los lapsos y la anarquía nubla los derechos humanos, jugando al cansancio de las víctimas en procura de sentencias.
El 11 de mayo de 2022 medios nacionales e internacionales divulgaron el informe presentado ese día por la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), según el cual se registró un aumento de 148% en los casos de tortura entre enero y diciembre de 2021.
La vocera de esa ONG, Lissette González, indicó igualmente que "En el derecho a la integridad personal se logró registrar, durante 2021, 241 presuntas víctimas de tortura a nivel nacional, eso significa un aumento importante de 148 % con respecto al año anterior".
Agregó que el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) fue el organismo de seguridad "más denunciado" por estos casos e indicó que en 2021 la organización registró 441 personas víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
-Los recintos donde hay más denuncias -señaló- es en la sede del CICPC en El Hatillo y la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar) en Boleíta", ambos ubicados en el Estado Miranda, cercano a Caracas.
Con los cuerpos de seguridad del estado y los tribunales penales como principales ejecutores de la escalada represiva, el gobierno pretende, infructuosamente, objetivos muy difíciles, por no decir imposibles. Agotado y desgastado el discurso del bloqueo imperialista, de los atentados presuntos a miembros del alto gobierno, de los supuestos saboteos al suministro de servicios vitales como agua y electricidad, así como el de las erráticas y aisladas aventuras inconstitucionales de sectores opositores, todas fracasadas -por el bienestar de la patria-, el gobierno retoma el guion de intentar acallar la protesta popular sin resolver sus causas.
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