La repercusión de las conductas de los actores privados sobre el disfrute de los derechos humanos no solo constituye un asunto de interés creciente en la sociedad internacional del siglo xxi, sino que es un factor importante para interpretar el alcance de las obligaciones jurídicas internacionales de los Estados en materia de derechos humanos, así como para trazar los límites del Derecho internacional penal. Ocupa un lugar significativo a este respecto la cuestión de en qué medida los Estados, de manera general y colectiva, o particularmente por su control efectivo o influencia sobre determinados actores privados, deben o pueden ejercer extraterritorialmente sus competencias prescriptivas y jurisdiccionales en el marco del ordenamiento jurídico internacional. Este es el punto de arranque de una obra que pretende ofrecer una aproximación a los distintos ángulos político-jurídicos y jurídicos del recurso estatal a la extraterritorialidad ante la participación de los actores privados en la vulneración de los derechos humanos.
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