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Durante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la "Solución al problema de las drogas ilícitas". A la luz de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, surgen retos y posibilidades para reformar la política de drogas, en búsqueda de un mayor equilibrio entre abordaje desde una perspectiva de…mehr

Produktbeschreibung
Durante el 2016 se vivieron dos episodios históricos para la reflexión sobre las estrategias de drogas en Colombia: la celebración de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de drogas (UNGASS 2016) y la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC-EP, que incluye lo pactado sobre la "Solución al problema de las drogas ilícitas". A la luz de los compromisos adquiridos por el Estado colombiano, surgen retos y posibilidades para reformar la política de drogas, en búsqueda de un mayor equilibrio entre abordaje desde una perspectiva de criminalización y el reconocimiento y garantía de derechos a poblaciones afectadas por los efectos nocivos de la prohibición. Este ejercicio de equilibrio llama a incorporar el lente de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 y sus Objetivos, así como a integrar de mejor manera los sectores defensa, desarrollo rural y agrario, protección y uso sostenible de recursos ambientales, salud y educación, sumado a los esfuerzos de la construcción de paz en los territorios más afectados por la guerra y el narcotráfico. Para alcanzar las metas propuestas en estos documentos, la participación de la comunidad internacional en los próximos años será fundamental. La Embajada del Reino Unido, preocupada por ampliar sus horizontes de cooperación se ofrece a compartir lecciones aprendidas y experiencias con el ánimo de mejorar las capacidades institucionales para enfrentar los retos del crimen organizado, el desarrollo rural y la prevención y tratamiento del consumo de drogas. Este documento presenta entonces recomendaciones a los dos gobiernos sobre los ejes pertinentes de cooperación, a la luz de las obligaciones pactadas, y las oportunidades para armonizar la política de drogas y la construcción de paz. Este documento es el resultado de un proyecto desarrollado por Dejusticia en cooperación con el Ministerio de Justicia y del Derecho de Colombia y la Embajada Británica en Colombia, con fondos del Reino Unido a través de su embajada en Colombia.

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Autorenporträt
Isabel Pereira Arana. Politóloga de la Universidad de los Andes, Colombia (2008), y Magíster en Estudios de Desarrollo, con énfasis en conflicto y construcción de paz del Instituto de Altos Estudios Internacionales y de Desarrollo de Suiza (IHEID) (2015). Su interés se centra en el impacto de las políticas de drogas en el desarrollo rural, la salud pública y los conflictos armados. Actualmente se desempeña como investigadora principal en la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), con especial énfasis en las implicaciones del proceso de paz en las políticas de drogas en Colombia y acceso a medicamentos controlados y cuidados paliativos. Ha trabajado como profesional de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo en zonas de conflicto en el país, y como asesora para el Gobierno nacional en negociación multilateral. Luis Felipe Cruz Olivera Abogado y estudiante de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia. Su experiencia investigativa se relaciona con la historia y el desarrollo del conflicto armado en Colombia y la relación de este con el narcotráfico. Asociado a la línea de Política de Drogas del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), se ha desempeñado como investigador de los costos en derechos humanos de las estrategias antinarcóticos