Tesis de Máster del año 2014 en eltema Derecho - Derecho público / Otros, Nota: 9,1, Universidad de Murcia, Idioma: Español, Resumen: El presente estudio pretende analizar las diferencias fundamentales entre el procedimiento ante la Corte Penal Internacional, regulado en el Estatuto de Roma y la Reglas de Procedimiento y Prueba, y el Procedimiento Común de la Ley de Enjuiciamiento Criminal española. Se trata de un estudio que resalta tanto las similitudes, como las diferencias que se ponen de manifiesto en la fase de instrucción, seguida de la fase intermedia, el juicio oral, la fase de impugnación y finaliza con la fase de ejecución. Tal análisis aporta claves teóricas que permiten situar el papel de la Corte Penal Internacional en la comunidad internacional y en el Estado Español, y un desarrollo de lo que diferencia la Justicia Penal Internacional con el derecho positivo vigente en España, para delinear a grandes rasgos las principales características que conforman el Derecho Penal Internacional actual y su aplicación en el ordenamiento español.
Para ello se analiza el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba, en comparación con el Código Penal Español y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta para su estudio otros cuerpos normativos por una parte de carácter internacional como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otra parte, leyes internas relevantes como la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional y Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
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Para ello se analiza el Estatuto de Roma y las Reglas de Procedimiento y Prueba, en comparación con el Código Penal Español y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, teniendo en cuenta para su estudio otros cuerpos normativos por una parte de carácter internacional como el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otra parte, leyes internas relevantes como la Ley Orgánica 18/2003, de 10 de diciembre, de Cooperación con la Corte Penal Internacional, Ley Orgánica 6/2000, de 4 de octubre, por la que se autoriza la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal Internacional y Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria.
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