La sociedad demanda del estado un esfuerzo de políticas publicas para las personas privadas de la libertad que impidan la constante vulneración de la dignidad humana y permitan superar en el tiempo la crisis existente e infortunada respuesta estatal que han conllevado a la afectación de los mínimos derechos fundamentales de las personas que se encuentran en los establecimientos carcelarios y penitenciarios.