En el mundo actual, la inseguridad, el miedo y la violencia se están constituyendo en un fenómeno político social de primer nivel que viene acaparando la agenda diaria de los Estados, al convertirse en un condicionante para el desarrollo y la consolidación de la gobernabilidad democrática, a pesar que en las últimas décadas las políticas públicas de seguridad han tratado de bajar los altos índices de inseguridad desde una perspectiva democrática y centrada en los valores ciudadanos. En nuestro país, la aplicación de estas políticas y/o estrategias se encuentran básicamente apoyadas en el control de la criminalidad y la violencia, y por consiguiente, están reservadas exclusivamente a los ámbitos policial, judicial y penitenciario, sin tener en consideración que junto con el proceso de democratización institucional, se han debido mejorar y cimentar las bases de una política de seguridad abordada desde el punto de vista de sus habitantes, que no sólo asume y emplea la sanción como estrategia preventiva desde la óptica organizacional, sino que también busca anticipar socialmente el problema desde una perspectiva ciudadana.