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En el presente trabajo se pone de manifiesto que las diferentes razones demográficas, socioeconómicas y jurídicas han impulsado a España a elaborar la Ley de la Dependencia, la cual ha venido a integrar el Cuarto Pilar del denominado Estado del Bienestar en España, tras el Sistema Sanitario, el Sistema de Educación y el Sistema de Pensiones. A la vez, con la Ley, el riesgo de dependencia deja de ser un riesgo que se asume de forma individual y pasa a tener una consideración de riesgo social, de forma similar a lo que ocurre con el cese de la actividad laboral por vejez, desempleo y enfermedad, que en España cubren los distintos programas del Estado de bienestar configurados en la década de los 80. La puesta en marcha en Andalucía del sistema de protección de la dependencia ha sido posible gracias al rápido desarrollo normativo de las previsiones de la Ley, y a la circunstancia de que en Andalucía ya se contaba con una red de cobertura que incluía parte de los dispositivos y mecanismos contemplados en la Ley.