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Este libro recoge cuatro estudios del control de convencionalidad elaborados por los profesores Allan R. Brewer-Carías, Ernesto Jinesta Lobo, Víctor Hernández Mendible y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en los cuales analizan el desarrollo contemporáneo del ejercicio de dicho control, específicamente en América latina, y en particular, en el marco de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ellos, los autores sucesivamente analizan: primero, los antecedentes y el marco conceptual del control de convencionalidad, con particular referencia al derecho de amparo y derecho…mehr

Produktbeschreibung
Este libro recoge cuatro estudios del control de convencionalidad elaborados por los profesores Allan R. Brewer-Carías, Ernesto Jinesta Lobo, Víctor Hernández Mendible y Jaime Orlando Santofimio Gamboa, en los cuales analizan el desarrollo contemporáneo del ejercicio de dicho control, específicamente en América latina, y en particular, en el marco de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ellos, los autores sucesivamente analizan: primero, los antecedentes y el marco conceptual del control de convencionalidad, con particular referencia al derecho de amparo y derecho administrativo; segundo, el control de convencionalidad difuso ejercido por las jurisdicciones constitucional y contencioso-administrativa; tercero, la originalidad y los desaciertos del control de convencionalidad como expresión del control de constitucionalidad; y cuarto, la cláusula constitucional de la responsabilidad del Estado: estructura, régimen y el principio de convencionalidad como pilar de su construcción dogmática, con particular y exhaustiva referencia a la muy importante jurisprudencia sentada por el Consejo de Estado de Colombia Dicho control, si bien ha adquirido relativa notoriedad en los últimos años, usualmente lo ha realizado y realiza la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus sentencias, cuando al juzgar las violaciones a la Convención Americana sobre derechos Humanos cometidas por los actos u omisiones de los Estados, ha tenido que confrontar las normas de la misma con las previsiones del derecho interno, de manera que en los casos en los cuales ha encontrado que estas son contrarias o incompatibles con aquella, ha ordenando a los Estados realizar la corrección de la inconvencionalidad, por ejemplo modificando la norma cuestionada. Pero sin duda, dicho control de convencionalidad también se ha ejercido y los ejercen los jueces o tribunales nacionales cuando han juzgado la validez de los actos del Estado, al confrontarlos además de con la Constitución respectiva de cada Estado, sino con el elenco de derechos humanos y de obligaciones de los Estados contenidos en la Convención Americana, o al aplicar las decisiones vinculantes de la Corte Interamericana, decidiendo en consecuencia, conforme a sus competencias, la anulación de las normas nacionales o su desaplicación en el caso concreto. Por eso en este materia, lo que realmente es nuevo ha sido la afortunada utilización de un término como el de "control de convencionalidad" acuñado en Votos razonados y sentencias recientes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que clarificado por la doctrina ha evidenciado su clarificación en dos vertientes, dimensiones o manifestaciones: por un lado a nivel internacional por la Corte Interamericana (control externo de convencionalidad), y por el otro, en el orden interno de los países, por los jueces y tribunales nacionales (control interno de convencionalidad). El primero, además, puede decirse que se ejerce como un "control concentrado" de convencionalidad" a cargo de la Corte Interamericana, en sede internacional, y el segundo, viene a ser un "control difuso" de convencionalidad, a cargo de los jueces nacionales, incluso cuando se realiza por los jueces constitucionales, lo que además adquiere mayor relevancia cuando la Convención, en el orden interno, tiene rango constitucional o forma parte del bloque de la constitucionalidad.
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